domingo, 2 de noviembre de 2014

Concejal de Concordia propone que los colectivos alarguen los tubos de escape hasta el techo

Es “por una cuestión de salud ambiental y de salud de los transeúntes”, justificó el edil. En Concordia hay una ordenanza que establece el control de las emanaciones de los vehículos gasoleros y multa a quienes excedan un límite determinado

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El concejal de Concordia, Alberto Armanazqui (FPV) adelantó que tiene previsto la presentación de un proyecto de ordenanza que obliga a los colectivos a alargar los tubos de escape hasta la altura del techo. “Por una cuestión de salud ambiental y de salud de los transeúntes porque si bien no vamos a evitar la contaminación porque a la larga termina saliendo al medio ambiente, a cualquier transeúnte le ha pasado que pasa una esquina y cualquier colectivo acelera y emana una bocanada de humo realmente tóxico y cada vez más es la cantidad de colectivos que anda”, indicó el edil. 

El mismo explicó que la inquietud nació de una iniciativa de alumnos de 2º año de Ciclo Básico de la Escuela Técnica Nº 1. Los alumnos Gonzalo Negro y Elías Villaverde, tutorados por el profesor Omar Lagraña y el licenciado Martín Ortelli, presentaron la iniciativa en el Senado de la provincia. “Nos pusimos en contacto con uno de los alumnos y con el rector de la escuela, Andrés Rousset, quien nos hizo llegar formalmente el proyecto que ellos hicieron en el Senado y con la inquietud de que tratemos de transformarlo en una ordenanza”, indicó Armanazqui. 

El proyecto está concluido prácticamente. “La íbamos a presentar mañana (la sesión del jueves pasó para el viernes), en el concejo en comisión lo pudimos charlar con algunos de los concejales. Nosotros dimos nuestro punto de vista y en el día de hoy pedí asesoramiento técnico a gente especializada para no caer en el error de exigir cuestiones que no son específicas. La estaré presentando el jueves que viene”, justificó. 

Entre otras cuestiones, el edil indicó que se debe analizar la posibilidad de cubrir adecuadamente el escape. “Al ir hacia arriba cualquiera puede pasar y rozar sin querer produciéndose quemaduras. Si se hace, que se haga bien”, dijo Armanazqui. Además señaló que necesitaba saber cuales son los costos aproximados. “No para saber que si es caro no exigírselos porque creo que es mucho más importante la salud que el costo que ésto tenga sino para deducir que tiempos se pueden exigir para el reordenamiento”, indicó. 

En otras palabras, para no afectar excesivamente el presupuesto de las empresas en poco tiempo. “Los chicos hablaban de 120 días que serían cuatro meses y yo pensaba en un año de forma progresiva. El primer trimestre un 25 % de la cantidad de unidades, el segundo trimestre un 50 % y el tercer trimestre un 75 % y al año el 100 %”, indicó el edil. Además dijo que el tiempo que insuma la implementación de la norma será materia de debate con los responsables de las empresas. “Permanentemente estamos buscando el equilibrio y cada vez que se da aumento al transporte público sabemos que no es realmente lo que ellos quieren pero nosotros tenemos que buscar un equilibrio”, declaró. 

En los fundamentos del mismo se mencionan estudios que indican que los humos de los tubos de escape dañan al sistema cardíaco. Una investigación de la Universidad de Edimburgo (Escocia) publicada en la revista European Heart Journal señala que las diminutas partículas químicas emitidas por los tubos de escape cuando se quema la gasolina no sólo afectan a los pulmones. También son dañinas para los vasos sanguíneos y pueden aumentar la formación de coágulos sanguíneos en las arterias, dando lugar a un ataque de corazón o a un derrame cerebral. Incluso recomiendan que las personas con enfermedades del corazón eviten pasar largos períodos en zonas donde la contaminación causada por el tráfico sea alta. 

Además se hace mención a la Ley Nacional de Tránsito y otras reglamentaciones que “hay que cumplir”. El edil dijo que, en una primera instancia, el proyecto incluye a todo el transporte “pesado” que circule dentro del radio urbano de la ciudad cumpla con esa condición. 

Armanazqui indicó que están por firmar un convenio con el Colegio de Ingenieros de la provincia para recibir asesoramiento técnico al respecto. “Se han ofrecido a colaborar y darnos apoyo científico-técnico que para nosotros es muy importante porque si bien somos concejales no tenemos porqué saber de todas las áreas. Le voy a pedir que me asesoren en este tema”, dijo. 

Como antecedente, se puede citar al proyecto de ley que presentó la diputada nacional Julia Perié (FPV-Misiones) quien propuso que la ley nacional de tránsito (Nº 24.449) sea modificada para que se exija a los vehículos del parque automotor de transporte colectivo de pasajeros y de transporte de carga “equiparse con caño de escape vertical con salida por encima de la cabina o techo respectivo”. 

Ordenanza olvidada 

La iniciativa propuesta no apunta a remediar el problema central, la emisión de gases altamente contaminantes, sino que los libera a mayor altura. Una ordenanza sancionada en 1994 justamente apunta a la cuestión de fondo. Se trata de la Nº 27.140 y en su artículo 1º dispone que “todo vehículo a combustión gasolera, que transite en el ámbito de nuestra ciudad, no podrá emitir durante su funcionamiento, humos negros cuya opacidad sea equivalente a 6 o más grados de la escala Bacharach (escala que sirve para comparar el ennegrecimiento de los humos)”. 

En el artículo 2º se faculta al Ejecutivo Municipal a adquirir un equipo captador de gases de escapes, el que por filtración a través de un papel especial, y provisto de un disparador automático y dispositivo de fijación al tubo de escape, del modelo Bosch EFAW 65 B, podrá detectar el grado de polución. 

En el artículo 3º se explicaba la forma de utilización del equipo mencionado por los inspectores de transito. “Si la medición fuera mayor al valor de seis (6), se labrará el acta correspondiente, intimando a cinco días hábiles al propietario del vehículo a dar solución a la situación verificada en el control, prestándose dentro de ese periodo donde se le indique, para la ejecución de un nuevo control que lo exonere de pena alguna, si así no lo hiciere será multado”. 

Finalmente en el artículo 4º se establecía la multa: “la suma de pesos equivalentes a cincuenta litros de nafta común al menor precio de plaza, para la primera vez, incrementándose en diez litros por cada reincidencia hasta un máximo de tres veces”. En consecuencia, si la ordenanza se cumpliera, no habría bocanadas de humo negro en cualquier esquina de la ciudad. 

Por otra parte, queda el interrogante planteado sobre la exigencia de los controles periódicos a las unidades de transporte público que se realizan en los talleres municipales.

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